El SRI se mantiene expectante de la resolución de la Corte Constitucional sobre una consulta derivada de una medida cautelar solicitada hace casi cinco años, por una importante compañía.

El 04 de octubre de 2013 se presentó una medida cautelar constitucional por parte de la referida compañía, la cual recayó en conocimiento de un juez temporal de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Guayaquil, solicitando que se emita “de inmediato” una medida en la que se disponga, la abstención de iniciar un proceso de determinación de Impuesto a la Renta del año 2010 a dicho contribuyente.

El 17 de octubre de 2013, el referido juzgado consultó a la Corte sobre la constitucionalidad de los artículos 13 y 17 del Código Tributario, vigentes desde 1975. Como el SRI ha manifestado en reiteradas ocasiones, estos artículos son la base fundamental del control tributario como misión del Servicio de Rentas Internas, por lo que su posible declaratoria de inconstitucionalidad o limitar su aplicación, implicaría privar a la Administración Tributaria y, por ende, al Estado ecuatoriano, de una herramienta fundamental en el control y combate a prácticas elusivas y evasivas, así como un alto impacto en la recaudación tributaria, todo lo cual provocaría un gravísimo e irreparable perjuicio al Estado ecuatoriano y una lesión irreversible a un Estado Constitucional de derechos y justicia.

Reiteramos que el valor total de las diferencias detectadas (glosas) derivadas de la aplicación del artículo 17 del Código Tributario, asciende a USD 3.972 MILLONES, lo cual representa un total aproximado de USD 1.589 MILLONES de impuestos, más intereses, multas y recargos. Adicionalmente, estas diferencias detectadas generan una afectación en el cálculo de la participación de utilidades de los trabajadores.

El SRI vela por la aplicación de los principios fundamentales de justicia, equidad y transparencia que deben verse reflejados en todas las actuaciones de las autoridades públicas y de los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y, con mucha más razón, en el presente caso que conlleva tanta importancia para el país, para lo cual agotaremos todos los mecanismos legítimos y legales necesarios, con la finalidad de precautelar los intereses superiores de todo el pueblo ecuatoriano.