El Gobierno ecuatoriano estima en cerca de USD 200 millones el monto de indemnización que pediría a la constructora Brasilera Norberto Odebrecht S.A. por los perjuicios derivados de la trama de corrupción revelada a nivel mundial.

“Nosotros estamos hablando de que la indemnización, sin perjuicios de temas laborales, ambientales o de otra índole, al menos debería bordear los 200 millones de dólares”, manifestó Leonardo Orlando, en declaraciones ofrecidas a un medio de comunicación público.

El Director del SRI señaló que se envió un documento a la Procuraduría General del Estado en el que se proyectó el monto que debería recibir el Estado como indemnización, mismo que se encuentra publicado en la página web del SRI www.sri.gob.ec en la sección información tributaria sobre Odebrecht.

Además Leonardo Orlando aseguró que se intensificarán los controles sobre esta empresa mientras sea parte del consorcio que construye la segunda fase del Metro de Quito.

El Director del SRI ratificó el compromiso del Servicio de Rentas Internas en su lucha contra la evasión, los paraísos fiscales, las empresas fantasmas y la corrupción transnacional, combate que inició hace diez años y que hoy se consolida en apego a la línea de gobierno establecida por el Presidente Lenín Moreno, quien ha expresado que hará una "cirugía mayor a la corrupción".

En el caso concreto de la Constructora Odebrecht, en la última década del Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Servicio de Rentas Internas, se han realizado y se vienen ejecutando 25 auditorías, mientras que en los gobiernos inmediatos anteriores, a esta empresa se le realizó únicamente 6 procesos de fiscalización. "Esto significa que se incrementó en más de 4 veces los controles a este contribuyente en relación a los gobiernos anteriores", enfatizó Orlando.

Cabe recordar que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, de manera responsable se ha planteado una verdadera lucha contra la corrupción y la evasión tributaria. Los cambios se han dado de manera estructurada y planificada, y, como punto de partida, se generaron los principios constitucionales tributarios del 2008, con el propósito de trabajar desde un sistema tributario moderno, justo y equitativo.

En este contexto, se inició procesos emblemáticos de lucha contra la corrupción, tales como:

• Casos vinculados a los denominados “Papeles de Panamá”.

• Redes de corrupción en PETROECUADOR (Alex B., Carlos P.Y., Carlos P.C.).

• Judicialización penal por uso de empresas fantasmas y transacciones inexistentes.

• Judicialización penal por defraudación tributaria y uso doloso de facturas falsas en más de 400 casos, entre ellos: Mauro T., Turbomotores, etc.

Estos procesos de control se profundizaron en virtud de los cambios que se implementaron en la normativa vigente:

1. Combate decidido a los paraísos fiscales:

• Ley para la Equidad Tributaria (2007) y reformas posteriores en las que se establecieron castigos para transacciones realizadas con paraísos fiscales.

• Expedición en el año 2008 del listado de países, jurisdicciones y regímenes considerados para efectos tributarios como paraísos fiscales.

• Ecuador posicionó en el seno del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el combate a los paraísos fiscales y la exigencia de la transparencia de la información.

• Elaboración de un modelo de convenio para evitar la doble imposición en el cual se introducen cláusulas de transparencia en la información y el combate a la evasión fiscal.

• Obligatoriedad para declarar operaciones con partes relacionadas en paraísos fiscales.

2. Transparencia fiscal, financiera y societaria:

• Levantamiento del sigilo bancario para fines tributarios y entrega periódica de información financiera de bancos y cooperativas.

• Tipificación como delito al enriquecimiento privado injustificado.

• Tipificación como delito a la utilización de empresas fantasmas o supuestas.

• Eliminación del principio de reserva respecto a la planificación fiscal agresiva y obligatoriedad a los asesores legales de informar sobre dichas prácticas.

• Obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial.

• Registro de entrada y salida de divisas mediante el sistema financiero.

• Se transparentó el beneficiario efectivo de las sociedades a través del reporte de accionistas a último nivel de personas naturales.

• Se estableció la responsabilidad penal para representantes legales y contadores por el delito de evasión.

Leonardo Orlando aseguró que el Servicio de Rentas Internas mantendrá los controles sobre la empresa Odebrecht y continuará brindando su colaboración a otras entidades y funciones del Estado para que estos delitos no queden en la impunidad.