El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Contraloría General del Estado (CGE) fortalecen su trabajo en conjunto para enfrentar a quienes, desde el sistema judicial y otras funciones del Estado, actúan sin transparencia, prevaleciendo los intereses personales sobre los intereses del país, provocando en muchos casos pérdidas millonarias para el Estado.

Entre enero y julio de 2025 el SRI ha remitido aproximadamente 425 requerimientos de información tributaria a la Contraloría General del Estado (CGE), los cuales han sido clave para identificar posibles irregularidades en los exámenes especiales realizados por esa institución.

La información proporcionada por el SRI ha permitido a la CGE analizar posibles riesgos de incremento patrimonial no justificado y el incumplimiento en la presentación de información por parte de servidores públicos considerados personas políticamente expuestas, entre ellos los jueces del Estado.

El director general del SRI, Damián Larco, informó que, durante el primer trimestre de 2025, el SRI intensificó sus acciones de control y realizó análisis de riesgos tributarios a servidores de la Función Judicial y entidades relacionadas. Como resultado, se detectaron posibles inconsistencias en los ingresos reportados, así como incrementos patrimoniales no justificados.

Frente a estos hallazgos, la Administración Tributaria ha iniciado los procesos de fiscalización conforme a la normativa vigente, de manera prioritaria a aquellos jueces que, con decisiones administrativas pueden frenar procesos, beneficiar a evasores o favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado. El SRI reafirma su compromiso con la transparencia, la equidad tributaria y el combate frontal contra la evasión fiscal.

Larco manifestó que estas acciones y la cooperación interinstitucional buscan detectar diferencias entre la información declarada ante el SRI y los hallazgos identificados durante los procesos de fiscalización de la CGE.

Cabe recordar que el SRI, encargado de la recaudación de impuestos y el control fiscal interno, y la CGE, máximo órgano de control externo que fiscaliza el uso de los recursos públicos y la gestión de entidades estatales, mantienen un Convenio de Cooperación Interinstitucional para el intercambio de información, que establece canales permanentes de coordinación y refuerza las acciones conjuntas encaminadas a consolidar un sistema más robusto para el control y la transparencia en la gestión pública.

A través del intercambio permanente de información, las dos entidades reafirman su compromiso con la transparencia fiscal y el control de los recursos públicos en Ecuador.